Los miembros de la Mesa directiva del Senado, encabezada por el Vicepresidente Prof. Pedro Cattan, se reunieron el pasado 22 de octubre con el Contralor Ramiro Mendoza para solicitar información sobre la consulta presentada hace un año por el Senado de la U. de Chile, en relación a las atribuciones normativas de los órganos superiores del plantel. Con el dictamen se espera zanjar las diversas interpretaciones presentadas desde que entró en funciones este cuerpo colegiado, situación que ha generado dificultades en su trabajo.
Durante el encuentro, los Senadores Cattan, Caldentey y Chnaiderman expresaron la necesidad de contar con una pronta resolución por parte del organismo contralor que arbitre las discrepancias en relación a las atribuciones normativas del Senado Universitario. “Siendo habituales las solicitudes de pronunciamiento a la Contraloría por parte de instituciones públicas cuando existen discrepancias en la interpretación de una ley, más allá del resultado del pronunciamiento solicitado éste debiera dar mayor certeza a las actuaciones normativas de los órganos superiores de la U y, por tanto, ayudar a un mejor funcionamiento interno”, señaló el Prof. Cattan.
Diferencias de interpretación del Estatuto Universitario
Las diferencias de interpretación se refieren a lo establecido en el artículo 25 letra a) del Estatuto, que atribuye al Senado Universitario la potestad de aprobar: 1) los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, 2) toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad y 3) las propuestas de modificación al Estatuto.
La importancia de precisar cuáles son cada una de las normas anteriormente mencionadas radica en que la competencia normativa del Consejo Universitario está relacionada a la del Senado Universitario, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 23 letra h) del Estatuto, que establece que al Consejo Universitario le corresponde aprobar “los reglamentos que no estén sometidos al Senado Universitario.”
Desde el año 2006, época en que entró a regir el nuevo Estatuto de la U. de Chile y en que se instaló el Senado Universitario como nuevo órgano superior, tanto la Dirección Jurídica como la Contraloría Universitaria, a través de diversas actuaciones, han interpretado restrictivamente lo señalado en el artículo 25 letra a) del Estatuto, reduciendo el número de los reglamentos que se permite aprobar al Senado y, como consecuencia, ampliando aquellos que corresponderían al Consejo Universitario.
Mediante el Dictamen N°28305 de mayo de 2011 la Controlaría Gral. de la República emitió un pronunciamiento concordante con el Senado, sin embargo este hecho no se ha visto reflejado en las actuaciones posteriores de la Contraloría Universitaria, especialmente en el oficio N°525, del 30 de septiembre de 2011.
Por lo anterior, el Senado Universitario acordó en su sesión del 13 de octubre de 2011 “Recurrir, como cuerpo colegiado, a la Contraloría General de la República para que dirima la situación planteada, en particular, a lo referido a la interpretación del artículo 25, letra a) del Estatuto de la Universidad de Chile”. Esta solicitud fue ingresada formalmente el 29 noviembre de 2011, luego de una audiencia sostenida por el Contralor General con los profesores Rodrig o Baño y Juan Pablo Cárdenas, integrantes de la Mesa del Senado de la época.
En la nueva audiencia con el Contralor General, efectuada el 22 de octubre de 2012, los miembros actuales de la Mesa del Senado enfatizaron que la interpretación al Estatuto realizada por la Contraloría Universitaria y la Dirección Jurídica contraviene el espíritu del proceso que dio origen a la nueva institucionalidad de la U. de Chile, que perseguía una real separación del poder ejecutivo y normativo, permitiendo al Senado Universitario encargarse ampliamente de las normas universitarias, desde una perspectiva de transversalidad y representatividad.
Agregaron que producto de esta situación, no se han dictado los decretos que oficializan tres acuerdos del Senado referidos a: 1) Modificaciones al Reglamento General de Carrera Académica, aprobado el 29 de septiembre de 2011; 2) Modificaciones al Reglamento de Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, acordado el 8 de marzo de 2012 y 3) Nuevo Reglamento General de Campus, aprobado el 6 de septiembre de 2012.