“Del Estado infractor y el imperativo de la Universidad de Chile de liderar la reforma educacional”, columna de la profesora Carola Canelo, de la Facultad de Derecho

El Estado de Chile ha infringido el derecho humano a la educación y la Universidad de Chile no ha cumplido el rol, que le corresponde por ley, en el mejoramiento del sistema educacional.

En Chile, el Estado tiene el deber de proveer educación a través de universidades públicas, las que financia con los impuestos; y los particulares, conforme a la libertad de enseñanza, pueden impartir educación a través de las universidades
privadas.

Antes de la dictadura, el Estado financiaba a la Universidad de Chile, y en consecuencia, los estudiantes no pagaban aranceles o eran de bajo monto. La dictadura, mediante el DFL Nº 4 de 1981, actualmente vigente, disminuyó brutalmente el financiamiento de las universidades públicas y eliminó la gratuidad, obligando a sus estudiantes a pagar aranceles; y destinó cuantiosos recursos públicos a los dueños de universidades
privadas a través del aporte fiscal indirecto, entre otras vías.

En 1989 entró en vigencia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga al Estado a respetar el derecho a la educación superior a quienes tienen capacidad para ello y a implementar progresivamente la gratuidad en la educación superior.

Lejos de cumplir esta obligación, los Presidentes de la República no han propuesto legislación que aumente el financiamiento del Estado a sus universidades públicas y con ello disminuir gradualmente los aranceles hasta la completa gratuidad; sino que crearon el crédito con aval del Estado que ha significado el desvío de recursos públicos a los bancos, y de éstos a los dueños de las universidades privadas, transformando la
educación universitaria en un bien de consumo y en un negocio bancario financiado por el Estado.

Los Ministros de Educación han incumplido su obligación de sancionar a las universidades privadas que infringen la obligación de no lucrar; y la fiscalización del cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión,
ha sido privatizada, a través del sistema de acreditación.

El actual Gobierno ha propuesto gratuidad para personas que denomina “vulnerables”; una Superintendencia de Educación Superior con menos atribuciones a las que hoy tiene el Ministro de Educación; y condicionar la gratuidad al sistema de acreditación.

Nuevamente el Estado destinará recursos públicos a los dueños de universidades
privadas; se profundizará la segregación; y no se hará cargo de sus universidades.
Frente a esta realidad, la Universidad de Chile no ha cumplido su rol, pidió un “nuevo trato”, e incluso se negó por años a la transparencia, sin entender su naturaleza jurídica estatal. Con su Facultad de Derecho, debe liderar la reforma educacional con propuestas de ley, o bien, demandando al Estado el cumplimiento de su obligación; y apoyar las demandas estudiantiles que son fundadas, y que conciernen al futuro de nuestra institución y al desarrollo del país.

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