El Estado de Chile ha infringido el derecho humano a la educación y la Universidad de Chile no ha cumplido el rol, que le corresponde por ley, en el mejoramiento del sistema educacional.

En Chile, el Estado tiene el deber de proveer educación a través de universidades públicas, las que financia con los impuestos; y los particulares, conforme a la libertad de enseñanza, pueden impartir educación a través de las universidades
privadas.

Antes de la dictadura, el Estado financiaba a la Universidad de Chile, y en consecuencia, los estudiantes no pagaban aranceles o eran de bajo monto. La dictadura, mediante el DFL Nº 4 de 1981, actualmente vigente, disminuyó brutalmente el financiamiento de las universidades públicas y eliminó la gratuidad, obligando a sus estudiantes a pagar aranceles; y destinó cuantiosos recursos públicos a los dueños de universidades
privadas a través del aporte fiscal indirecto, entre otras vías.

En 1989 entró en vigencia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga al Estado a respetar el derecho a la educación superior a quienes tienen capacidad para ello y a implementar progresivamente la gratuidad en la educación superior.

Lejos de cumplir esta obligación, los Presidentes de la República no han propuesto legislación que aumente el financiamiento del Estado a sus universidades públicas y con ello disminuir gradualmente los aranceles hasta la completa gratuidad; sino que crearon el crédito con aval del Estado que ha significado el desvío de recursos públicos a los bancos, y de éstos a los dueños de las universidades privadas, transformando la
educación universitaria en un bien de consumo y en un negocio bancario financiado por el Estado.

Los Ministros de Educación han incumplido su obligación de sancionar a las universidades privadas que infringen la obligación de no lucrar; y la fiscalización del cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión,
ha sido privatizada, a través del sistema de acreditación.

El actual Gobierno ha propuesto gratuidad para personas que denomina “vulnerables”; una Superintendencia de Educación Superior con menos atribuciones a las que hoy tiene el Ministro de Educación; y condicionar la gratuidad al sistema de acreditación.

Nuevamente el Estado destinará recursos públicos a los dueños de universidades
privadas; se profundizará la segregación; y no se hará cargo de sus universidades.
Frente a esta realidad, la Universidad de Chile no ha cumplido su rol, pidió un “nuevo trato”, e incluso se negó por años a la transparencia, sin entender su naturaleza jurídica estatal. Con su Facultad de Derecho, debe liderar la reforma educacional con propuestas de ley, o bien, demandando al Estado el cumplimiento de su obligación; y apoyar las demandas estudiantiles que son fundadas, y que conciernen al futuro de nuestra institución y al desarrollo del país.