La U. de Chile puede decir que es la única de las estatales que ha cambiado por medio de un referéndum triestamental el Estatuto impuesto por la dictadura. Sin embargo, surgen dudas en cuanto a si la ley que se promulgó en 2006, luego de nueve años de diseño y tramitación,tiene coherencia interna y responde a los desafíos institucionales futuros y a los anhelos de participación de la comunidad.Es por ello que el Senado Universitario decidió crear una Comisión encargada de analizar en su integridad el texto que da existencia jurídica a nuestra institución, establece sus principios orientadores, misión, estructura, organismos y sistema de gobierno universitario. De los fundamentos y objetivos de este grupo de trabajo, es que conversamos con el encargado de conducir esta discusión.

Dice el Senador Rodrigo Baño, académico de la Facultad de Cs. Sociales, sociólogo y abogado, que los problemas con el Estatuto se arrastran desde hace tiempo, porque como ley “está muy mal hecha”, pues tiene defectos de técnica jurídica atribuibles a que no fue redactado desde cero, en resguardo de su total coherencia y sistematicidad, sino que a lo existente se le agregaron las modificaciones aprobadas en el Referéndum de los años ’98 y ‘99, resultando en un “Estatuto parchado”.Junto a ello, “no se ha aceptado una regla jurídica fundamental, de que la nueva norma deroga, aunque sea tácitamente, la anterior”. Pero no sólo preocupa la claridad y coherencia normativa, sino hay aspectos que parecieran requerir una nueva discusión, como es el tema de la participación de la comunidad universitaria.

Imprecisión en las atribuciones de los órganos superiores y doble presidencia del Rector

Esto se manifiesta en problemas que han afectado la labor del Senado Universitario, relacionados con la imprecisión en las competencias de los órganos superiores, que espera sea resuelta por la Contraloría General de la República.

“En algunas partes del Estatuto se deja muy claro que el que tiene las competencias normativas es el Senado en términos genéricos. Pero hay otros artículos o incisos de artículos que se prestan para discusión y que le han dado pie al ejecutivo, fundamentalmente a Rectoría, para cuestionar las competencias del Senado para determinado tipo de normas y reglamentos”, explica.

Subraya el Prof. Baño, que según el actual Estatuto, su interpretación corresponde al Senado, pero, paradojalmente, sólo puede hacerse a solicitud del Rector, quien nunca lo ha solicitado aunque ha habido problemas de interpretación. También hay otra serie de facultades del Senado que requieren de la iniciativa del Rector para que operen.

“Estamos absolutamente paralizados en algunos reglamentos muy importantes”,sentencia. Esto ha llevado a que “estén durmiendo hace más de un año algunos reglamentos enteramente aprobados por el Senado, pero que Rectoría se niega a darle tramitación, en virtud de que la Contraloría interna observa que esa no seríauna competencia del Senado”.

Por ello es que el 29 de noviembre de 2011 el órgano normativo entregó una presentación a la Contraloría General de la República para que, como instancia superior, dirima la controversia. El dictamen se encuentra aún en espera.

¿Cuál es rol de las autoridades ejecutivas para que se cumplan los Reglamentos que aprueba el Senado y que sí son promulgados por el Rector?

“Ese punto es sumamente importante, pues desgraciadamente el Senado no tiene ningún control. Si el ejecutivo no exige el cumplimiento de la normativa que aprobó el Senado, simplemente queda sin funcionar. O sea, no opera. Y eso ha ocurrido con algunas cosas. El Reglamento General de Facultades ha costado muchísimo que efectivamente sea implementado y se cumpla como corresponde. Pero ahí es donde el ejecutivo tendría que ser mucho más dinámico, pues es el encargado de hacer cumplir esas normas. Esto también debería ser preocupación de la  Contraloría interna. ¿Cómo se logra esto que es difícil? Hay que conversar con las autoridades, hay que tratar de convencerlos. Y en este sentido, si los cambios que se analizan desembocan en un Referéndum, esto le va a dar bastante más peso para que las autoridades que están encargadas de hacer cumplir las normativas efectivamente se muevan en ese sentido”.

El académico agrega otras controversias que deben ser despejadas en el Estatuto, como la doble presidencia del Rector del poder ejecutivo y normativo de la Universidad. “No sé en qué parte ocurre una cosa así, pero claramente no es lógico. Y eso genera problemas para el funcionamiento del Senado muy repetidos”, asegura.

Participación de los estamentos en elección de autoridades y en órganos colegiados

“En general, la Universidad no suele dar participación a los otros estamentos que no sean académicos. Solamente hay participación del personal de colaboración en el Senado Universitario, con dos representantes de 37 miembros, y no hay más.Y respecto a los estudiantes, solamente hay representación en el Senado Universitario, con 7 miembros de los 37 y en los Consejos de Escuela. Y no más. En el Consejo Universitario y en los Consejos de Facultad se invita a los órganos representativos de los gremios que los representan, pero no son miembros propiamente tales, son invitados sin derecho a voto.

“¿Hasta qué punto la Universidad está en condiciones de discutir una mayor participación de los distintos estamentos?, ¿o la participación de los académicos en términos de las distintas jerarquías y de las distintas jornadas que tienen?”, se pregunta.“Hay una serie de temas que pensamos abordar y sobre participación comenzamos conversando con la directiva de la FECH, la directiva de la FENAFUCH y la directiva de la única asociación de académicosque existe, la ACAUCH, para sondear un poco y ver los problemas que pueden presentarse.

Un desafiante camino por recorrer

Reconoce el académico que “modificar el Estatuto es difícil”,porque se trata de una ley de la República, que debe ser tramitada en el Congreso Nacional a iniciativa del Presidente de la República. “Es una tramitación que regularmente es bastante engorrosa, bastante lenta. Sin embargo, antes de presentar la propuesta a los poderes del Estado, se requiere que ella sea aprobada en un referéndum  por la comunidad universitaria.

¿Han podido visualizar el proceso inicial, que implica un Referéndum universitario?

“Someter a Referéndum algo implica alcanzar determinados quórums, en caso contrario no se puede tener la aprobación. Para lograr esto hay que difundirlo, convencer de la necesidad de participar, independientemente de las opciones que se tomen, pero participar. Y eso es una labor bastante difícil. Estamos viviendo una época en la cual la participación se reclama mucho pero se ejerce poco”.

No obstante, señala, la Comisión se dijo: “bueno, empecemos y veamos lo que hay, qué es lo que piensa la comunidad respecto a la reforma al Estatuto”. “El ideal sería contar con un instrumento que pudiera ser llevado a referéndum en el plazo de un año”.