La plenaria aprobó el 7 de mayo de  2015 la idea de legislar sobre el vínculo formal de los investigadores posdoctorales que se desenvuelven en la U. de Chile, quienes realizan por hasta tres años indagaciones que conllevan múltiples beneficios para la institución y suelen desarrollar, además, labores de docencia y extensión. El proyecto a discutir contempla la creación de la Categoría Académica de Investigador Posdoctoral, lo que les permitirá integrarse a la comunidad universitaria y de este modo mejorar así sus condiciones académicas y laborales. La propuesta comenzará a ser discutida en plenaria y los Senadores podrán presentar indicaciones.

La U. de Chile lidera en el país la obtención de fondos de investigación entregados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). En el desarrollo de este quehacer participan 272 investigadores posdoctorales, que se han convertido
en una nueva figura dentro de facultades e institutos. Se trata mayoritariamente de personas jóvenes, con grado de doctor(a) y que participan hasta por tres años en proyectos de investigación de largo alcance, bajo la tutela de académicos de la Universidad. No siendo miembros formales de la comunidad universitaria, sus condiciones de trabajo y la calidad de vida no son óptimas.

“No tienen ningún estatus, ni se adscriben a un sistema de previsión ni salud, no tienen acreditación para uso de biblioteca, entre otros problemas”, explicó el Vicepresidente del Senado, Prof. Juan Carlos Letelier. No obstante, realizan una actividad de gran
relevancia, pues se trata de investigadores a tiempo completo que se encuentran en la fase más productiva de su carrera, aportan con su potencial a la docencia de pre o post grado y reportan con su quehacer fondos externos para la Universidad.

Búsqueda de solución normativa

En la U. de Chile, la unidad encargada de la relación con CONICYT es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, instancia que advirtió hace algunos años la problemática de estos investigadores. Junto a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos realizaron un informe general aprobado por el Consejo Universitario, que fue presentado al Senado Universitario en julio de 2014.

Desde entonces, la Comisión de Estamentos y Participación del Senado Universitario, se ha abocado al estudio de los antecedentes y en diciembre de 2014, ante la plenaria del Senado, fue presentado un informe de anteproyecto relativo a la creación de la Categoría Académica de Investigador Posdoctoral. En él se planteó establecer normas especiales o modificar las existentes, permitiéndose la incorporación de estos investigadores al estamento académico, lo que podría implicar la entrega de derechos políticos propios
de este estamento de la Universidad.

Para el Senador Claudio Falcón, quien encabeza la Comisión de Estamentos y Participación, el tema está siendo abordado decididamente. En la etapa pre legislativa se han reunido con distintos actores, revisado antecedentes y consultado fuentes y experiencias internacionales.

Agrega que la situación del posdoctorado, tanto en Chile como en el extranjero, “es limitada y escasa en cuanto definir lo que es un postdoctorado, sus mínimos requerimientos para realizar su labor académica y cuáles serían los objetivos que se debieran tener para esta realidad emergente”. En particular en la U. de Chile, señala el Senador, se trata de una realidad “compleja” por la inexistencia de un vínculo formal con estos investigadores.

Derechos políticos de los investigadores posdoctorales

Ante la plenaria, el Senado Falcón expuso que, existiendo consenso general entre diversos actores consultados en que la creación de la Categoría Académica de Investigador Posdoctoral sería la solución adecuada, advierte que las mayores discrepancias existen frente a la concesión de derechos políticos.

El académico explicó que en apego a la normativa vigente, la nueva categoría tendría restringida su participación en la elección de Rector, ya que en ella participan las tres más altas jerarquías académicas, que no sería el caso, y no así en la votación de Decanos, miembros del Senado Universitario y Consejeros de Facultad, donde sí podrían participar.

Agregó que en el caso de la participación permitida, ésta podría moderarse a través de la ponderación del voto, mediante una modificación al Reglamento de Elecciones y Consultas.

Frente a los antecedentes presentados, el 7 de mayo el Senado decidió aprobar la idea de legislar sobre la materia, por 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Los senadores opinan:

Senador Guillermo Soto:
“Sin la existencia de ninguna norma, ellos ya son parte de la comunidad
universitaria. Se trata de entregarles alguna forma de reconocimiento que
dé cuenta de la diversidad de situaciones que hay en el campo de los postdoctorados”.

Senador Claudio Pastenes:
“Se está dando un paso que obligará a proceder en esa dirección al resto del sistema. No es sólo proteger a nuestros posdoctorantes”.

Senador Fermín González:
“Esta normativa será importante para atraer a profesionales de mejor calidad. Además, Universidades de clase mundial consideran que los investigadores posdoctorales tienen derechos políticos, se les reconoce y votan”.

Senador Carlos Ruiz:
“Son importantes los derechos políticos, sin embargo, es central discutir los derechos económicos y sociales de estos investigadores. La normativa en discusión debe abordar
estas necesidades”.

Senador Ariel Grez:
“Reconocerlos como académicos de la Universidad implica la entrega de derechos políticos. Generar una solución que no incluya ese aspecto es aún más complejo desde el punto de vista reglamentario”.