La dirigenta, presente en la sesión del 29 de mayo, señaló que durante el mes de mayo el movimiento estudiantil enfrentó dos casos «de hostigamiento y persecución política a estudiantes de la U de Chile», con lo que a su juicio se intenta «criminalizar la protesta social». Planteó que la situación de Bryan Seguel, acusado de propinar una golpiza a un carabinero en la marcha del 1° de mayo, actividad a la cual no asistió, y de Camilo Díaz, estudiante de la Facultad Filosofía y Humanidades detenido durante la marcha del 8 de mayo por supuesto porte de bomba molotov, los mantiene «bastante preocupados» como organización.

En el primero de los casos, sostuvo la presidenta de la FECH, al estudiante se le inculpa «solo por la  similitud con un sujeto identificado en un video que circula en internet» y que «luego de ser dejado en libertad por el juez Danilo Urrutia y evidenciar que la única razón por la cual investigaron a Bryan era su actividad política universitaria, hoy frente a la apelación de la fiscalía se determinó como medida cautelar, arraigo nacional y firma mensual». En tanto, en el caso de Díaz, quien fuera liberado el viernes 6 de junio luego de 16 días de reclusión, se asegura que al detenerlo se le arrebató su mochila y se le roció con bencina para implicarlo.

Melissa Sepúlveda denunció irregularidades en ambos procesos y solicitó un posicionamiento a la comunidad universitaria frente a este tema. «No podemos permitir que se amedrente de esta forma la participación estudiantil, pilar fundamental de las transformaciones sociales en Chile y distintivo de la Universidad de Chile, que en la búsqueda del cumplimiento de su misión como U pública, ha fomentado la generación de estudiantes críticos y conscientes», expresó.